DENUNCIA PENAL CONTRA SANTA CRUZ PUEDE POR EL GALPON
La exdiputada Roxana Reyes pidió a la Justicia investigar un acuerdo que cede un predio estatal por dos décadas sin concurso público.
Denuncia penal contra Santa Cruz Puede por el galpón
La presentación judicial
La exdiputada nacional Roxana Reyes y el abogado Javier Stoessel radicaron una denuncia penal ante la Justicia de Río Gallegos por presuntas irregularidades en un contrato firmado entre la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U. y la firma privada South Horizen S.A.S.
La presentación apunta a determinar si existió administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial. El escrito fue presentado ante el juez de Instrucción en turno y se entregó copia al jefe de fiscales de Santa Cruz. Los denunciantes sostienen que el acuerdo podría constituir un delito de acción pública tipificado en el Código Penal.
Qué se cuestiona del contrato
El contrato, firmado el 22 de abril de 2026, contempla la cesión de un galpón estatal de aproximadamente 3.000 metros cuadrados por un plazo de 20 años. Según la denuncia, el predio sería destinado a operar un mercado concentrador mayorista.
Los principales puntos bajo cuestionamiento son:
• La ausencia de licitación pública o concurso de precios previo a la entrega del inmueble.
• Un canon mensual de 3 millones de pesos que permanecería congelado durante los 20 años de vigencia, sin cláusula de actualización.
• Un período de gracia de 8 meses durante el cual la empresa privada no abonaría canon.
• La provisión por parte de la estatal de servicios de luz, gas, agua y seguridad sin mecanismos claros de reintegro.
Además, se solicita investigar las inversiones realizadas previamente por Santa Cruz Puede en el predio y si estas terminaron beneficiando directamente a la firma adjudicataria.
Origen de la empresa privada
Uno de los elementos que genera mayor suspicacia es el momento de constitución de South Horizen S.A.S. La sociedad unipersonal se creó apenas 37 días antes de la firma del contrato. Su titular es Eugenio Fernando Grela.
De acuerdo con la documentación aportada, la firma fijó domicilio en el mismo predio estatal incluso antes de que se formalizara la cesión. Los denunciantes remarcan que la actividad declarada de la empresa no coincidiría plenamente con el objeto del acuerdo suscripto.
Antecedentes y contexto
La denuncia no surge de forma aislada. Desde agosto, Reyes venía cuestionando públicamente el funcionamiento de Santa Cruz Puede, señalando que la empresa estatal compite en múltiples actividades con el sector privado mientras recibe recursos del Estado.
También había hecho referencia a observaciones del Tribunal de Cuentas y a pagos realizados a Grela con anterioridad a la formalización de la sociedad. Por su parte, el presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, ha defendido en distintas oportunidades la autonomía financiera de la empresa y su rol como herramienta de desarrollo productivo.
Qué se espera ahora
La presentación judicial no implica que se haya comprobado un delito. Será la Justicia la encargada de investigar los hechos, recolectar documentación y determinar eventuales responsabilidades.
En el actual contexto provincial, el caso reabre el debate sobre la transparencia en el manejo de las empresas estatales y sobre los controles que deben existir cuando se cede patrimonio público por plazos prolongados.
