
Caputo retiene 180 millones de las represas santacruceñas
Según la UOCRA, hace cinco meses están los fondos chinos y Nación no los libera: Santa Cruz queda al margen, con la construcción destrozada y las familias llegando a fin de mes endeudadas.
El corte en la Ruta 3 no es un hecho aislado
La UOCRA cortó el puente de la Ruta Nacional 3 en Comandante Luis Piedrabuena para exigir la liberación de US$ 180 millones de financiamiento chino que, según el gremio, ingresaron hace más de cinco meses y siguen en manos del Estado nacional. El reclamo no es solo por una obra: es por la desocupación de la construcción, que en Santa Cruz perdió más del 70% de sus puestos desde noviembre de 2023 y registró una caída interanual del 40% en el primer semestre de 2026.
El Gobierno nacional anunció la reactivación de las represas, firmó adendas y recibió desembolsos. En el terreno, el ritmo no aparece. Los obreros ven la misma postal: la plata está, la obra no arranca y el empleo no vuelve.
Las dos obras más grandes de la provincia, todavía en suspenso
Las represas del río Santa Cruz y el complejo de Río Turbio son las dos apuestas de infraestructura más pesadas que tiene la provincia. Las hidroeléctricas nacieron en el ciclo kirchnerista, con crédito chino y un historial de demoras, sobrecostos y parálisis. Eso no borra el dato de hoy: hay fondos externos ya ingresados y no se traducen en trabajo masivo.
En Río Turbio el contraste es todavía más crudo. La usina de 240 MW está inactiva desde diciembre de 2023. El propio presupuesto de YCRT admite que allí solo hay mantenimiento preventivo. La empresa factura casi nada por su actividad y vive del Tesoro: por cada 100 pesos que pone Nación, genera apenas 25 centavos. El Ministerio de Economía blanqueó un rojo operativo de $127.700 millones para 2026 y salió a buscar inversores privados.
La apuesta oficial es clara: menos Estado constructor, más capital privado. El problema es que, en Santa Cruz, esa receta todavía no reemplaza los puestos que se cayeron.
El impuesto al combustible se cobra; las rutas no se ejecutan
Cada vez que un santacruceño carga nafta o gasoil paga el impuesto a los combustibles, creado —entre otros destinos— para financiar infraestructura vial. En el primer semestre de 2026, Nación no distribuyó lo que debía ir a obras: un ejercicio de la consultora Galois estimó $784.000 millones retenidos a nivel país. A Santa Cruz le habrían correspondido cerca de $12.000 millones.
No es un detalle técnico. En una provincia extendida, con una sola arteria nacional como eje, la falta de obra vial no es cosmética: es menos empleo, peor logística y más aislamiento.
La lectura política que circula en la provincia es directa: esas obras “huelen” a un ciclo anterior y no entran en la doctrina del ajuste. El Gobierno lo niega y habla de ordenamiento de contratos, herencia de incumplimientos y prioridad fiscal. El resultado, para el que vive acá, es el mismo: Nación no destina el dinero a la obra pública que Santa Cruz necesita para no quedar parada.
Vidal produce lechuga, arvejas y balanceado; el empleo formal se derrumbó
Mientras las megaobras no arrancan, el gobernador Claudio Vidal exhibe otro modelo: la empresa Santa Cruz Puede, invernaderos hidropónicos, arveja, avena, trigo, alimento balanceado y una carpintería de puertas placa. El propio gobierno provincial presentó esa línea como cambio de matriz: “donde hubo corrupción, hoy hay producción”.
La pregunta periodística no es si conviene producir comida en una provincia cara y lejana. Es de escala. En marzo, esa empresa estatal empleaba a 65 trabajadores. En paralelo, Santa Cruz cayó a su mínimo histórico de empleo privado formal: 50.600 puestos, con 10.400 destruidos desde diciembre de 2023. La Federación Económica local estimó la pérdida neta de 227 empresas empleadoras y un ritmo de entre 1,5 y 2 cierres diarios. En el norte petrolero hay miles de trabajadores “en la casa”.
Un invernadero no cubre lo que cubrían las represas, la construcción y el petróleo. Vidal, además, respaldó el rumbo de Milei mientras esos números se hundían. La contradicción queda a la vista: alineamiento nacional, discurso productivo provincial y un mercado laboral que no cierra.
La inversión privada como promesa que no termina de llegar
Nación y Provincia coinciden en un punto: hay que atraer capital privado. Se habla de RIGI, de nuevas operadoras, de socios para Río Turbio y de “normalizar” contratos. En el territorio, las operadoras discuten continuidad, los servicios petroleros no arrancan y la construcción sigue en recesión.
La inversión privada no es un eslogan: o genera empleo registrado o es solo un anuncio. Hasta ahora, en Santa Cruz, el balance es de cierre de empresas, menos actividad comercial y una obra pública nacional que no hace de contrapeso.
El costo lo pagan las familias, no los comunicados
Detrás de las cifras hay una vida concreta. El obrero de la UOCRA, el petrolero suspendido, el comerciante que vende menos y el empleado que llega a fin de mes con la tarjeta y el fiado. Santa Cruz no se “ajusta” en abstracto: se endeuda para comer, para el alquiler, para la nafta de una provincia donde todo viaja lejos.
El kirchnerismo dejó obras inconclusas, costos inflados y un complejo carbonífero inviable. Eso es parte de la historia. La otra parte es esta: hay fondos chinos sin ejecutar, un impuesto al combustible que no vuelve en rutas, una usina apagada y un gobierno nacional que apuesta a un privado que todavía no aparece. En el medio, la provincia ensaya huertas y pellets mientras se evapora el empleo que sostenía a miles de santacruceños.
La pregunta que queda, después del corte en Piedrabuena, no es ideológica. Es más simple: si la plata está, ¿por qué Santa Cruz sigue esperando?