Denuncian a empresa del gobierno de Santa Cruz por competencia desleal con las pymes
Empresarios santacruceños cuestionan a Santa Cruz Puede SAU por competir con respaldo estatal en plena emergencia para las pymes.
La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIA) y la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines salieron a marcar un límite. En una nota conjunta respondieron a una solicitada del Directorio de Santa Cruz Puede SAU y advirtieron que la empresa estatal genera competencia desigual con los comercios locales. No es un reclamo nuevo: la práctica se viene denunciando desde hace meses.
Una SAU con un solo dueño: el Estado
Santa Cruz Puede es una Sociedad Anónima Unipersonal. El único accionista es el Estado provincial. No hay socios privados que pongan capital de riesgo ni controlen las decisiones de fondo. El poder queda concentrado en la conducción política del gobierno de Claudio Vidal y en el presidente de la empresa, el excoronel Gustavo Sívori. Esa estructura le da una espalda que ningún almacén, panadería o taller puede igualar.
El reclamo de las entidades
Las cámaras sostienen que Santa Cruz Puede SAU, al contar con capital, infraestructura y respaldo oficial, compite en rubros donde el privado paga impuestos, tramita habilitaciones y asume el riesgo con recursos propios. Uno de los puntos más graves es su inscripción como proveedora del Estado en decenas de actividades. Entre ellas:
• Verdulería
• Carnicería
• Panadería
• Farmacia
• Textil
• Mueblería
• Informática
• Gomería
• Talleres mecánicos
También cuestionaron habilitaciones comerciales y sanitarias, el uso de canales oficiales para promocionar sus emprendimientos y un financiamiento de capital que, según documentación citada, incluye gastos por $427 millones y una transferencia de $380 millones para un proyecto de granos. Todo esto, en plena Emergencia Comercial, Industrial y PyME.
En mayo, Guillermo Polke ya había acusado a la SAU de “romper el mercado”. El documento actual, firmado por Polke, Leandro Fadul y Ricardo López, pide que cese lo que consideran competencia desleal y que el Estado garantice reglas equitativas.
Qué respondió Santa Cruz Puede
El Directorio rechazó de manera categórica que su actividad implique competencia desleal. Dijo que las acusaciones nacen de un “profundo desconocimiento”. Su argumento es que pagan impuestos nacionales y provinciales, tasas municipales, tienen personal registrado y no reciben partidas operativas para sueldos, combustibles e insumos.
Declararon 13 emprendimientos: 2 propios (planta de pescado en Puerto San Julián y fábrica de alimento balanceado) y 11 con capital privado. Admitieron estar inscriptos para licitaciones, pero afirmaron que no ganaron ninguna. Sobre el Mercado Concentrador, dijeron que no fijan precios, no pagan fletes y que su presencia bajó valores en torno al 30%. Se declaran auditados por el Tribunal de Cuentas y ante Diputados.
En síntesis
La SAU no niega que opera en múltiples rubros ni que está inscripta para venderle al Estado. Niega que eso sea desleal porque, según ella, paga impuestos y se asocia con privados. Las entidades responden que eso no alcanza: un comercio local no tiene predio público, promoción oficial ni la espalda de una empresa cuyo único dueño es el Estado.
Que una compañía unipersonal del Estado entre a verdulería, carnicería, panadería, farmacia, textil, mueblería, informática, gomería y talleres, y después diga que no compite, no cierra el debate. Lo abre. Que cada lector juzgue si eso es asociativismo o una cancha inclinada.
