VOTAN CARGOS Y LUCÍA LUCHA POR AIRE
Mientras la CSS elige autoridades, Lucía, de 9 años, quedó intubada en el Garrahan por una obstrucción respiratoria tras el abandono de su internación domiciliaria.
La actualización
La situación empeoró. Según el mensaje enviado por la madre, Celeste Contanzo, por el abandono y la falta de personal especializado, Lucía volvió a sufrir una obstrucción respiratoria. Ayer la llevaron de urgencia al Hospital Garrahan. Quedó en cuidados intensivos, intubada.
No es un hecho nuevo. Es la misma niña de 9 años, oxígenodependiente, con parálisis cerebral y en cuidados paliativos, cuya familia ya había denunciado que la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz pagaba una internación domiciliaria que llegó con personal falso.
Nota completa acá:
El antecedente del 12 de agosto
Ese día, en el alojamiento de CABA, se presentó una mujer haciéndose pasar por la enfermera anunciada. La familia tuvo que llamar al 911. Intervino la Policía de la Ciudad. El certificado de actuaciones N.° 500401/2026 lleva carátula de usurpación de títulos. Había DNI y matrícula de una profesional. Llegó otra persona. Según la denuncia, ni siquiera sabía tomar signos vitales.
Había reclamos previos. Había planillas cuestionadas. Había una fonoaudióloga cuya matrícula también fue puesta en duda. Y había un auditor de la Caja que, en un ateneo del Garrahan, preguntó más por el gasto que por la salud de la nena.
Mientras tanto, elecciones
Esta semana la CSS está de elecciones. Los cargos se discuten, las listas se mueven y la atención institucional parece puesta en la interna. Mientras tanto, una paciente afiliada a esa misma obra social lucha por aire en terapia intensiva.
Pareciera que, cuando arranca la contienda, el servicio se afloja, se tira la pelota y nadie pide siquiera disculpas. Los pacientes no votan desde una cama de terapia. Lucía tampoco.
La familia sostiene que casi nadie les da respuesta. Solo algunos periodistas. El resto, silencio.
Lo que está en juego
La internación domiciliaria no es un favor. Cuando está indicada, sustituye la cama hospitalaria. Exige personal habilitado y continuidad. Si ese servicio se incumple de manera reiterada, el riesgo no es abstracto: se traduce en obstrucciones, internaciones de urgencia e intubación.
Lucía no eligió al prestador. La CSS autoriza, paga y debería controlar. El Gobierno de Santa Cruz designa a las autoridades de la obra social y es garante del derecho a la salud de una niña con discapacidad.
Una nena no puede seguir pagando con su cuerpo el descontrol de un sistema que factura atención y entrega abandono.
Que alguna autoridad —de la CSS, del Gobierno provincial o de quien corresponda— haga algo por la vida de esta niña. Si todos pueden.
