LLEGO LA MOTOSIERRA AL AEROPUERTO DE RÍO GALLEGOS
Por decreto nacional Intercargo deja de operar en Río Gallegos. Afecta Ushuaia, Calafate, Comodoro y Mar del Plata; 18 familias sin sueldo y vuelos sanitarios paralizados.
Intercargo confirmará su salida el 1 de octubre. Ocho familias locales quedan al borde del recorte y no hay operador privado asegurado para vuelos sanitarios, LADE y Malvinas.
Intercargo dejará de prestar asistencia en tierra en el aeropuerto de Río Gallegos —y también en Comodoro Rivadavia— a partir del 1 de octubre. La decisión, confirmada esta semana, forma parte del reordenamiento de la empresa estatal después de que fracasara su privatización. En la capital santacruceña el impacto es inmediato: ocho familias dependen de esa escala y, por ahora, ninguna firma privada habilitada se ofreció a cubrir el servicio.
El recorte no es aislado. La compañía ya cerró Mar del Plata y redujo operaciones en El Calafate. El mapa de rampa en el sur se achica justo donde el tráfico es menor, pero la dependencia del avión es mayor.
El fracaso de la venta y el recorte de ingresos
En junio, la licitación para vender el 100% de Intercargo —con un precio base de 45 millones de dólares— quedó desierta. El Ministerio de Economía lo formalizó en julio. Cinco empresas habían mostrado interés; ninguna presentó una oferta válida.
El propio esquema de desregulación explicó parte del resultado. El Estado habilitó a 14 operadores privados de rampa y le quitó a Intercargo el servicio exclusivo de pasarelas, transferido a Aeropuertos Argentina. Según UPSA, esa quita le restó unos 500 millones de pesos mensuales. El gremio contrastó esa pérdida con el superávit operativo de 20 millones de dólares del año anterior. El Cronista, por su parte, consignó que en el primer trimestre de 2026 la empresa reportó un resultado primario de 9.588 millones de pesos.
De monopolio pasó a competir en un mercado abierto. El activo que el Gobierno quería vender ya no valía lo mismo.
Qué se pierde en Río Gallegos
La rampa de Intercargo no atiende solo vuelos comerciales regulares. En declaraciones recogidas por Tiempo Sur, el gremio remarcó que la escala es clave para LADE, la conexión de LATAM hacia las Islas Malvinas, el reabastecimiento de Hércules de la Fuerza Aérea y las operaciones sanitarias y oficiales de Santa Cruz.
Ahí está el nudo. Si no hay reemplazo, no se trata solo de valijas: se trata de evacuaciones médicas, vuelos de Estado y una escala con implicancia soberana. El achique en El Calafate y el cierre previo de Mar del Plata agravan el cuadro de un corredor sur que ya opera con márgenes estrechos.
Dieciocho a veinticinco puestos, según la fuente
UPSA, a través de su secretario gremial adjunto Marcelo Cazzulo, precisó que en Río Gallegos hay ocho familias “a la buena de Dios”. Tiempo Sur habló de cerca de una veintena entre las escalas afectadas. La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) elevó el número a unos 25 trabajadores de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, a quienes se les ofreció mudarse a Rosario o aceptar el 50% de la indemnización.
Ninguna de las cifras es menor en una ciudad donde el empleo aeronáutico es escaso y difícil de reconvertir.
La versión oficial: “eficiencia operativa”
Fuentes del Ejecutivo, citadas por Infobae y La Nación, sostuvieron que se trata de optimizar recursos y reubicar equipos en aeropuertos de mayor utilización. Aseguraron que la medida “alcanza únicamente” a esas dos terminales y que no afectará a los pasajeros, porque el mercado de rampa ya está desregulado.
El problema, admitido incluso en esas mismas crónicas, es que hoy no hay otro operador dispuesto a tomar Río Gallegos ni Comodoro Rivadavia. Aerolíneas Argentinas se autopresta el servicio a través de Aerohandling, pero no está confirmado que cubra el resto de las operaciones —LADE, sanitarios, LATAM, Fuerza Aérea— cuando Intercargo se retire.
Pedidos de informes y malestar provincial
La cúpula de UPSA —Rubén Fernández, Javier Ferrari y Gustavo Quintero— se reunió con el equipo de la senadora Alicia Kirchner y pidió informes al Ejecutivo. El senador chubutense Carlos Linares sumó otro reclamo junto a Kirchner: pidió “razones técnicas” de un cierre que, dijo, agrava el empleo y la conectividad territorial. La diputada Ana María Ianni ya había exigido explicaciones sobre la licitación desierta, el retiro de equipos para aviones de fuselaje ancho y los planes de achique.
El Gobierno de Santa Cruz, según medios locales, también pidió garantías de continuidad.
La pregunta que queda abierta
La desregulación prometió competencia. En Ezeiza o Aeroparque eso puede funcionar. En Río Gallegos, el cálculo es otro: bajo tráfico, altos costos, operaciones estratégicas y ningún privado a la vista.
Hasta que alguien asuma la rampa, el 1 de octubre es una fecha, no una solución. Quien cargue las valijas, atienda un Hércules o prepare un vuelo sanitario tendrá que aparecer antes de que Intercargo apague las luces.
