EL ACCIDENTE EN YCRT: ¿BOICOT O EL PERSONAL ESTABA EN FITZ ROY?
Ferroviarios de YCRT estaban en Jaramillo–Fitz Roy, un tren que no carga carbón, mientras la vía a Punta Loyola descarrilaba.
¿Boicot, o el personal estaba en Fitz Roy?
El descarrilamiento del 7 de octubre de la locomotora 005 y tres vagones de YCRT, que transportaban cerca de 600 toneladas de carbón hacia Punta Loyola, no puede leerse solo como un hecho técnico aislado. La velocidad con la que el gobierno provincial y la intervención de la empresa instalaron la hipótesis de sabotaje o boicot, el gasto en comunicación y la insistencia mediática merecen una mirada crítica. No porque la investigación judicial y el peritaje de la CNRT deban descartarse de antemano, sino porque los antecedentes de gestión del ramal productivo y el desvío de recursos humanos hacia el proyecto turístico de Jaramillo–Fitz Roy están a la vista.
El relato oficial y la prisa por instalar el boicot
Desde el primer momento, el gobernador Claudio Vidal y el interventor Pablo Gordillo señalaron el hallazgo de una pieza de material ferroviario antiguo sobre la vía, marcas compatibles con un impacto y el hecho de que el tramo había sido “revisado” días antes. La empresa amplió la denuncia ante la Justicia Federal y pidió medidas urgentes. Hasta ahí, el procedimiento es esperable. Lo que llama la atención es la pesadez comunicacional con la que se busca cerrar el relato antes de que existan peritajes concluyentes.
En la comunidad que sigue el tema —y en comentarios de opositores, trabajadores y lectores que llegan por distintas vías— se repite la misma observación: si el sabotaje fuera tan evidente y contundente, no haría falta tanto esfuerzo para implantarlo. Llamadas a medios de Buenos Aires, pauta, comunicados oficiales y la repetición del término “boicot” o “acción deliberada” generan la sensación de que se necesita construir una narrativa de victimización antes de que aparezcan otras explicaciones más incómodas. Esa insistencia, cuando todavía no hay informe técnico definitivo, es lo que genera duda razonable.
El personal en otro lado y las vías que no cargan carbón
Mientras el tren de carga a Punta Loyola descarrilaba, cuadrillas de YCRT llevaban meses trabajando en el ramal histórico Jaramillo–Fitz Roy, un proyecto turístico y patrimonial que no transporta carbón. El interventor Gordillo y el propio gobierno provincial destacaron públicamente el avance de esa obra, la recuperación de vías, el uso de personal propio de la empresa y los recursos aplicados. Fuentes internas y notas previas ya habían señalado el contraste: el parque de tracción productivo está deteriorado, locomotoras fuera de servicio por problemas de convertidor y mantenimiento, y el ramal carbonero con años de postergación.
La “casualidad” que muchos señalan es que, durante meses, el discurso oficial apuntó a la “calidad del personal” y a los trabajos realizados en vías, pero no se presentan informes de vía previos a la salida de formaciones de carga, un requisito técnico básico. Trabajadores del puerto de Punta Loyola y voces gremiales han dicho con claridad que el descarrilamiento se enmarca en un proceso de desinversión, equipos con décadas de antigüedad y falta de mantenimiento estructural. La Fraternidad, por su parte, también habló de indicios de materiales ajenos, pero sin cerrar la causa. La hipótesis de negligencia operativa —salida “sí o sí” sin las condiciones adecuadas— no es inventada por opositores: circula entre quienes conocen el estado real de la infraestructura.
Alineamiento y el costo de tapar la gestión
El interventor Gordillo responde a una intervención que se enmarca en el esquema nacional actual y mantiene una relación fluida con el gobierno provincial. Que ambos actores empujen con fuerza la idea de boicot no es casual. Un hecho atribuido a un tercero externo permite diluir responsabilidades de gestión: desvío de personal y recursos al proyecto turístico, falta de mantenimiento documentado, decisión de hacer circular material rodante en condiciones cuestionables y el impacto sobre un contrato de exportación que la propia empresa venía presentando como signo de recuperación.
Esto no es un juicio cerrado. Es una opinión que comparte mucha gente de la comunidad que sigue estos temas desde el sur. Si el peritaje confirma una acción deliberada, habrá que investigarla hasta el final y sancionar a quien corresponda. Pero si el resultado apunta a deterioro, falta de informes y decisiones operativas, el relato del boicot habrá servido principalmente para ganar tiempo y evitar que se discuta quién es responsable de que las vías productivas estén en ese estado. La libertad de expresión permite decirlo sin pena: cuando hay tanta propaganda para instalar que “fue un boicot”, lo más razonable es preguntarse por qué hace falta tanto esfuerzo si la evidencia fuera tan clara.
El carbón de Río Turbio, los trabajadores y el futuro del ramal a Punta Loyola no se resuelven con comunicados. Se resuelven con informes técnicos transparentes, mantenimiento real y una gestión que priorice la producción por sobre el relato.
