GADANO ESCUCHA A JUBILADOS QUE JAIRO NO RECIBE
En una reunión con afiliados del PAMI, la senadora tomó reclamos que llegan a su teléfono y denunció que Guzmán opera para que no le abran la puerta: “La respuesta es para ustedes”.
La escena es un salón de Caleta Olivia. Jubilados en círculo. En la mesa, Natalia Gadano. Falta quien debería estar: Jairo Guzmán, el sello libertario del PAMI santacruceño, hoy diputado de LLA. El conflicto no es un capricho de dirigentes. Es medicamentos que no llegan, turnos de 20 o 30 días y un organismo que se defiende como fortín.
El reclamo que no consigue mesa
Los centros de jubilados de la ciudad hace meses piden audiencia. Enrique Fonti lo cifró: médicos de cabecera con 900 o 1.000 afiliados y remedios de 2,5 millones que “está todo justificado, pero no llegan”. “Queremos hablar con él. Los problemas no se solucionan acá”.
La respuesta, según afiliados y dirigentes, fue la puerta. El concejal Carlos Aparicio denunció destrato. ATE cuestionó un sistema de autorizaciones que ni los empleados entienden. La diputada Ana María Ianni repudió que jubilados de la cuenca viajaran a Río Gallegos y no los dejaran entrar.
Ahí se sentó Gadano. Dijo que “Guzmán opera para que no le abran la puerta” y que ni siquiera logran una reunión. En Caleta, eso no se llama eficiencia. Se llama lista de espera.
El método Guzmán
Al asumir prometió “que no se haga esperar a los afiliados”. Después habló de ahorro, de quitar intermediarios, de pañales y de 5.000 millones. Cuando el conflicto creció, cambió de blanco: “los sindicatos y los políticos son el cáncer en Santa Cruz”. A ATE lo trató de “paramilitantes”. La mala atención, dijo, era culpa de los hospitales públicos.
No discute el mostrador. Discute enemigos. Su sucesora, Paula Álvarez, sostuvo la línea: “No se bajaron medicamentos”; cambió el porcentaje según el haber. El jubilado mide otra cosa: si el frasco está en la farmacia.
Lo que dice el gobierno nacional
Milei no firmó un decreto de cierre. Dijo que “el PAMI va a seguir, pero va a ser eficiente”. En paralelo empuja la “revolución de los seguros”: si el mercado cubre vejez y enfermedad, “la justificación del Estado desaparece sola”. El PAMI se privatiza de hecho: menos pagos, menos cobertura, más copago.
La frase más cruda la soltó el ministro Mario Lugones: el PAMI “tiene una carga muy grande” por un millón de mayores de 80 años. Carga. El octogenario pasa de derecho a costo. Y el costo, en este gobierno, se ajusta.
Los haberes también. Cada jubilado perdió más de 7 millones de poder adquisitivo desde 2023. El 63% cobra la mínima, con un bono de $70.000 congelado desde 2024. En la Patagonia, clínicas cortaron atención al PAMI. “No pasó ni en 2001”.
Urgencia contra ideología
Gadano admitió que la salud provincial “es un desastre” y, al mismo tiempo, exigió respuestas al PAMI. Queda entre dos mostradores cerrados. Ella se ofrece como tercero. Es política. Hoy es, para esos afiliados, el único teléfono que atienden.
Un tratamiento no espera a la transición “ordenada” hacia el seguro privado. La polémica no es si Gadano hace política con los abuelos. Todos la hacen. La pregunta es otra: si el jubilado es un derecho o una carga, ¿quién le abre la puerta cuando se le acaba el medicamento?
