JUDICIALES: DESCUENTOS POR RECLAMAR LO ACORDADO
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz reconoció la deuda con los empleados judiciales, pidió los fondos a Economía y, a la vez, les descontó los días de paro.
La decisión recayó en Daniel Mariani y en los cuatro vocales que colocó el gobierno de Claudio Vidal. El mensaje institucional quedó reducido a una fórmula: la deuda existe, pero el reclamo se cobra.
Pedís lo que te deben y te sacan más
En Santa Cruz no hace falta un eufemismo sofisticado para describir lo que ocurrió con los empleados judiciales. El Estado provincial les debía una recomposición ya acordada. El gremio paró. El propio Poder Judicial admitió que la deuda existía y pidió la plata al Ministerio de Economía. Después, a quienes se quejaron, les descontaron el sueldo.
No es un malentendido administrativo. Es una secuencia política. Primero se reconoce el crédito. Después se castiga el reclamo. El trabajador queda en el peor de los mundos: le deben y, por haberlo dicho en voz alta, le sacan más.
La denuncia que circula en Río Gallegos y en el resto de la provincia resume el episodio con una crudeza difícil de maquillar: te debo, pero te descuento los días en los que me lo pediste.
Qué se les descontó
Según el planteo que tomó estado público en las últimas horas, la quita no se limitó a un ítem simbólico. A los judiciales que participaron de las medidas de fuerza les sacaron días de julio y agosto, el presentismo y otros rubros del recibo.
Eso cambia el carácter del conflicto. Ya no se trata solo de un atraso salarial. Se trata de usar la liquidación de haberes como herramienta de disciplina. El Estado admite que hay una obligación pendiente y, al mismo tiempo, recorta el ingreso de quien exigió que esa obligación se cumpliera.
En cualquier administración seria, un crédito laboral reconocido se paga. Acá se convierte en una trampa: si callás, no cobrás; si protestás, te descuentan.
Quiénes lo resolvieron
La responsabilidad no se diluye en “el Tribunal” como abstracción. Los nombres están sobre la mesa.
La decisión se atribuye a Daniel Mariani y a los cuatro vocales que el gobierno provincial metió en el Tribunal Superior al ampliar el cuerpo: Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Juan Lucio De la Vega y Gabriel Contreras.
No son figurantes. Son la nueva mayoría que el gobernador Claudio Vidal construyó con la Ley 3949, la norma que pasó el máximo tribunal de cinco a nueve miembros. Mariani les tomó juramento. Ellos pasaron a administrar, entre otras cosas, la caja interna del Poder Judicial y el pulso con su propio personal.
Cuando un tribunal que debe garantizar derechos usa el descuento salarial contra quienes reclaman un acuerdo previo, deja de parecer árbitro. Empieza a parecer parte.
La deuda no nació ayer
El origen está documentado. En 2025, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz “3 de Julio” (AGEJ) cerró recomposiciones en las Actas Paritarias N° 273/25 y 279/25, homologadas por el propio Tribunal.
En enero de 2026 esos aumentos no aparecieron en los recibos. El Ministerio de Economía, entonces a cargo de Ezequiel Verbes, dictó la Resolución 30/2026: una “pauta salarial cero” que pretendió congelar incrementos posteriores al 31 de agosto de 2025, aun cuando ya estaban acordados y homologados.
El 18 de febrero, el juez Antonio Fabián Andrade, del Juzgado Civil N° 1 de Río Gallegos, intimó a Economía a pagar en tres días los haberes de enero conforme a esas actas. El apercibimiento no era decorativo: multa diaria de 600 mil pesos y la posibilidad de remitir la causa a la Justicia penal por desobediencia.
Ese fallo confirma un punto que el gobierno preferiría borrar: no se discutía un capricho gremial. Se discutía el cumplimiento de un acuerdo paritario vigente.
Los judiciales pararon. No para inventar un derecho nuevo, sino para que se ejecutara uno viejo.
Un Tribunal partido, una caja en disputa
El conflicto salarial se cruza con la guerra institucional más grave que recuerde la Justicia santacruceña.
En agosto de 2025, la Legislatura aprobó la ampliación del TSJ. Vidal envió las ternas. Juraron Acevedo —exgobernador y exjefe de la SIDE—, González Nora, De la Vega y Contreras. La vieja mayoría, alineada con el kirchnerismo provincial —Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta— declaró inconstitucional la ley, desplazó a Mariani y les negó sueldo, despacho e ingreso al edificio.
Hubo dos tribunales en un mismo palacio. La Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó convalidando la ampliación. En mayo de 2026 el cuerpo quedó integrado con nueve miembros y Contreras pasó a la presidencia.
Ese telón de fondo importa. Porque el mismo poder que se reordenó a favor del Ejecutivo es el que ahora aparece decidiendo descuentos contra los empleados que, paradoja no menor, habían impugnado la propia ampliación del Tribunal.
El doble estándar
Mientras a los empleados se les discute cada peso, el propio Tribunal ya había mostrado otra vara para la cúpula.
En enero, con la firma de Fernández, Ludueña, Mercau y Basanta, el TSJ dispuso aumentos escalonados para jueces, magistrados y vocales que, según la información publicada entonces, se acercaban a un 50% acumulado hacia octubre de 2026. Los empleados quedaron afuera. El gobierno respondió que al Poder Judicial se le giraba solo lo votado en el presupuesto y que el pedido de suba de los jueces había llegado después.
La foto es difícil de defender. Arriba, recomposición. Abajo, deuda. Si protestás, descuento. El salario de quienes mueven expedientes se vuelve variable de ajuste; el de quienes firman acuerdos, no.
Economía pone la plata, el Tribunal pone el castigo
El cruce de responsabilidades es el núcleo político del caso.
El Ejecutivo controla el Ministerio de Economía: sin giro de fondos, no hay liquidación completa. El Tribunal administra al personal judicial: sin su decisión, no hay descuento por los días de reclamo.
Por eso la secuencia es tan elocuente. Se reconoce la deuda. Se pide el dinero a Economía. Y, en paralelo, se les quita a los trabajadores el presentismo y los días de julio y agosto. El Estado habla con dos bocas. Una dice “tenés razón”. La otra dice “igual te lo saco del recibo”.
Eso no es neutralidad presupuestaria. Es un mensaje de poder.
Lo que queda en evidencia
Santa Cruz no enfrenta apenas un conflicto gremial más. Enfrenta una definición sobre qué clase de Justicia tiene.
Si el máximo tribunal reconoce un crédito laboral y después descuenta por haberlo reclamado, el derecho de huelga queda reducido a un costo que el trabajador paga dos veces: primero con el paro, después con el sueldo. Si esa decisión la toman los vocales que el gobierno acaba de colocar, la independencia judicial deja de ser un principio y pasa a ser un relato.
Los empleados judiciales no pidieron un privilegio. Pidieron que se cumpliera lo firmado. La respuesta institucional, según la denuncia que hoy recorre la provincia, fue simple y brutal: la deuda se admite; el reclamo se cobra.
Fin del cuento.
