REVÉS PARA VIDAL AL QUERER JUBILAR TRES VOCALES KIRCHNERISTAS
La Caja les otorgó el retiro por decreto, pero no renunciaron y la inamovilidad impide cesarlas sin juicio político.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, volvió a chocar contra el límite más básico de una democracia: no se saca a un juez con un trámite de la Caja. La Caja de Previsión Social les reconoció el beneficio jubilatorio a Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña, vocales del Tribunal Superior de Justicia. Ellas no renunciaron. El cese inmediato que pretende el decreto provincial no reemplaza al único camino constitucional para remover a un magistrado: el juicio político.
Lo que se presenta como un expediente previsional es, en los hechos, otro intento de recambio forzado en la cabeza de la Justicia santacruceña.
El movimiento de agosto
En una reunión extraordinaria del directorio, la Caja otorgó un paquete de jubilaciones al amparo del Decreto 608. Entre esos casos aparecen las tres vocales que, durante más de un año, resistieron la ampliación del Tribunal y la incorporación de los jueces impulsados por el Ejecutivo.
El organismo oficial insiste en que nadie fue jubilado de oficio y que las interesadas iniciaron el trámite. El decreto, sin embargo, aprieta el reloj: una vez concedido el beneficio, el empleador debe notificar el cese en 30 días, con una prórroga máxima de 180 días por “razones de servicio”. Vencido el plazo, el cese opera de pleno derecho.
Esa es la trampa. No hace falta una renuncia expresa si el Estado convierte el otorgamiento del haber en una palanca para vaciar el cargo. Paula Ludueña lo dijo sin eufemismos: ninguna de las tres renunció; es una jubilación compulsiva.
De dónde viene esta pelea
La pelea no empezó en la Caja. Empezó cuando Vidal impulsó la Ley 3949 y pasó el Tribunal de cinco a nueve vocales. La Legislatura aprobó las ternas. Juraron Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras y Juan Lucio De la Vega. El bloque histórico —Fernández, Mercau, Ludueña y Fernando Basanta— desconocio la nueva composición, desplazó a Daniel Mariani de la presidencia, restringió ingresos al palacio y llegó a declarar inconstitucional la propia ampliación.
Hubo doble comando, sueldos retenidos, aumentos internos millonarios y un conflicto de poderes que terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2026 el máximo tribunal nacional destrabó la reforma y habilitó la integración de nueve miembros. Vidal ganó esa batalla. No le alcanzó. Ahora intenta completar el recambio por la vía previsional, sin debate legislativo sobre destitución y sin acusación de mal desempeño.
Ese salto es el dato político. Cuando no puede remover por las reglas de la Constitución provincial, busca un atajo administrativo.
Por qué el atajo es inconstitucional
Los vocales del Tribunal Superior no son empleados comunes de la administración. Tienen inamovilidad mientras dure su buena conducta. Esa garantía no es un privilegio de casta: es la condición para que un juez no dependa del humor del gobernador de turno.
La remoción de un magistrado no se decide en un directorio de la Caja ni en un decreto reglamentario del Ejecutivo. Se decide, si corresponde, en un juicio político, con cargos, defensa y votación legislativa. Usar el sistema previsional para producir el mismo efecto es una destitución encubierta.
El Decreto 608 ya había sido cuestionado por alterar la lógica de la ley previsional madre y por habilitar retiros que el trabajador no controla. El vocal por los activos en la Caja, Cristian Sánchez, lo denunció como intromisión del Ejecutivo y advirtió que el organismo, con mayoría oficialista, estaba convirtiendo un trámite en herramienta política. Una cautelar anterior frenó la norma. Esa cautelar cayó cuando cambió la correlación de fuerzas en el propio Tribunal. Recién entonces reaparecieron, con precisión quirúrgica, las jubilaciones de las tres vocales incómodas.
La coincidencia no es técnica. Es política.
Lo que señala la oposición dentro del sistema
El abogado Fernando Tanarro, que representa a las magistradas, fue al hueso: iniciar un expediente jubilatorio no es lo mismo que cesar en el cargo. Un juez puede gestionar el beneficio y seguir en funciones. Lo que no puede hacer el gobernador es transformar esa gestión en una orden de salida a 30 días.
La oposición judicial y gremial dentro del sistema santacruceño marca tres puntos que el oficialismo elude:
• No hay voluntad de retiro. Las vocales no presentaron renuncia ni pidieron dejar el Tribunal.
• No hay mal desempeño acreditado en un jury. Sin eso, el cese es un corrimiento de la Constitución.
• El costo lo paga la Caja y la institucionalidad. Acelerar pasivos para vaciar cargos aumenta la presión sobre un sistema previsional ya tensionado y degrada la independencia del Poder Judicial.
También señalan el absurdo de fondo: Vidal habla de terminar con “jubilaciones de privilegio” y de ordenar el Estado, pero el instrumento que elige no es una reforma previsional general, transparente y debatida. Es un decreto para correr a tres juezas concretas. Si el problema fueran las reglas de la Caja, se discute la ley. Si el problema son esas tres vocales, el camino es el juicio político. Mezclar las dos cosas es admitir que el objetivo no es la Caja: es el Tribunal.
La idea de resolver con Nación o con ANSES lo que Santa Cruz no puede resolver en sus propias instituciones forma parte del mismo patrón. Se busca un atajo externo o administrativo para un conflicto que es, antes que nada, de división de poderes. Quien no distingue entre un haber previsional y una destitución no está ordenando el Estado: lo está doblando.
Democracia no es vaciar un tribunal por decreto
Una democracia no se mide solo por el resultado electoral. Se mide por si el que gana acepta que hay órganos que no se desmontan a decreto. El gobernador puede ampliar el Tribunal por ley, proponer ternas y pelear mayorías en la Legislatura. Eso, con todos los reparos que merezca la reforma de 2025, al menos transita el recinto. Jubilar para cesar es otra cosa. Es usar la caja previsional como una motosierra institucional.
El alineamiento de Vidal con el esquema libertario explica la prisa y el método. Primero se presentó la ampliación como modernización de la Justicia. Después llegó el hostigamiento interno. Ahora aparece el retiro compulsivo. La lectura que recorre la oposición santacruceña es lineal: hay que matar lo que queda del kirchnerismo en el Poder Judicial, y si las reglas de la inamovilidad estorban, se las rodea.
Ese cálculo puede ser eficaz en el corto plazo. Es ruinoso para la provincia. Porque el precedente no se aplica solo a Fernández, Mercau y Ludueña. Se aplica al próximo juez que falle contra el Ejecutivo. El día en que un gobierno descubra que puede vaciar un tribunal con la Caja, la independencia judicial deja de existir. Queda un Poder Judicial de duración variable, según el decreto de turno.
Vidal puede argumentar que Santa Cruz no soporta más una Justicia capturada por el ciclo kirchnerista. Puede tener razón en el diagnóstico histórico y equivocarse de medio. Una democracia no se reconstruye copiando el manual que se dice combatir: concentrar poder, doblar órganos de control y vestir de trámite técnico lo que es una pelea política.
Las tres vocales, por ahora, siguen en el cargo. No porque el gobernador lo permita, sino porque todavía queda un resto de Constitución. Esa es la noticia. El resto es la tentación de gobernar como si el derecho fuera un obstáculo menor.
